Madrid, 5 de mayo de 2026.- El Consejo de Ministros ha aprobado en la mañana de hoy en primer vuelta la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), en vigor desde 2021. La reforma de la norma, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, garantizará el derecho a la escucha de niños y niñas. De este modo,
se establece la obligatoriedad de contar con su testimonio en los procedimientos judiciales y administrativos que les afecten, independientemente de su edad.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado en rueda de prensa que la ampliación de la ley persigue “garantizar entornos libres de violencia” para niños, niñas y adolescentes. En este sentido, Rego ha recordado que “durante años, se ha dudado de la palabra de niños, niñas y adolescentes y se ha criminalizado a las madres protectoras”.
La ampliación de la LOPIVI refuerza el interés superior del menor, de manera que deberá justificarse expresamente en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales cómo se ha valorado ese interés y por qué la decisión adoptada protege el bienestar físico, emocional y psicológico de niños y niñas.
En este sentido, se incluye entre los criterios relativos al interés superior del menor el alejamiento del niño o niña de aquella persona que le violente. “Estar con un agresor o presunto agresor no puede considerarse interés superior del
menor. Un maltratador no es un buen padre”, ha subrayado la ministra.
Asimismo, el nuevo texto prohíbe de manera expresa el llamado 'Síndrome de Alienación Parental' (SAP) junto con cualquier reformulación o planteamiento pseudocientífico. Por tanto, ningún informe público o privado basado en el Síndrome de Alienación Parental podrá ser utilizado en procedimientos judiciales o administrativos y las resoluciones que lo utilicen podrán ser impugnadas.
“Se acabó la utilización de una herramienta que ha servido para desacreditar y criminalizar a las madres protectoras y a las infancias”, ha expresado la ministra Rego.
Entre las novedades, la reforma contempla también el endurecimiento de los requisitos para acceder y mantenerse en profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con niños, niñas y adolescentes. En esta línea, será obligatorio para el acceso a dichas profesiones no haber sufrido condena por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia.
La ministra Rego ha afirmado que “esta ley viene a garantizar que los niños y las niñas sean sujetos de derechos en nuestro país, no ciudadanía en espera”. Asimismo, ha advertido que el texto “nace de años de lucha” y ha querido agradecer el empuje de “profesionales y asociaciones que trabajan con las infancias, niños y niñas que han compartido sus testimonios y han reclamado que se garanticen sus derechos, el movimiento feminista y las madres protectoras”.
Aprobado el informe de la Estrategia de Erradicación de la Violencia hacia las infancias
El Consejo de Ministros ha aprobado también el informe de la Estrategia de Erradicación de la Violencia hacia las Infancias relativo a los años 2023 y 2024. Según Rego, el informe presenta que el 90% de las medidas ya están en marcha y “muestra avances importantes, pero también nos señala con claridad dificultades como las desigualdades territoriales, la falta de especialización en la judicatura o, la necesidad de mejorar la coordinación y los sistemas de datos”.
En este sentido, Rego ha señalado que la ampliación de la LOPIVI da respuesta a las necesarias mejoras en “la prevención de la violencia hacia las infancias y en la reparación de las víctimas”. De este modo, Rego ha destacado que “se agiliza el reconocimiento de la condición de víctima de violencia durante la infancia, se refuerza la formación de todos y todas las profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes a través de un Plan Director de Formación y se mejora el acceso a la justicia con la creación de turnos de oficio especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia”.
En última instancia, la titular de Juventud e Infancia ha destacado que la Dirección General de Infancia, en colaboración con las administraciones competentes, tendrá capacidad de intervención directa ante casos de desprotección grave de las personas menores de edad.
