Con motivo del 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de la Infancia, el Gobierno de España reafirma su compromiso con los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Nuestra responsabilidad como país no es sólo proteger su bienestar, sino construir una sociedad que les incluya, les tenga en consideración como sujetos de derechos, y garantice una vida libre de violencia, discriminación y desigualdades.
Las infancias son diversas y por ello se enfrentan a diferentes desigualdades. Es responsabilidad del Estado y del conjunto de la sociedad acabar con las estructuras que reproducen estas desigualdades y garantizar que cada niño y cada niña pueda desarrollarse en libertad, autonomía y dignidad. Por ello, desde el Gobierno de España se sigue avanzando en la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia. Para ello, nuestro país cuenta con un instrumento pionero a nivel internacional como es la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). Esta norma supuso un cambio de paradigma que convierte la violencia contra la infancia en una cuestión de la que debe hacerse cargo el conjunto de la sociedad, pero se debe continuar desarrollando su implementación en colaboración con las administraciones autonómicas y ampliándola para garantizar derechos. En esta materia, cabe destacar también el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, informado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de septiembre de 2025, cuyo principal objetivo es reforzar la respuesta institucional frente a la violencia ejercida sobre los hijos e hijas y las personas del entorno de las víctimas de violencia de género como instrumento de dominación y daño hacia ellas.
Asimismo, la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, y el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027 recogen los derechos de la infancia como principio esencial, elemento transversal y prioridad temática de la acción exterior española, a través de una cooperación internacional que invierte en la infancia y adolescencia, en sus capacidades y participación activa, con enfoque de género, como vía necesaria para acabar con el ciclo de la pobreza y la desigualdad, asegurando en todas las intervenciones el respeto al principio del interés superior de la infancia, y de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño; impulsa la lucha contra el trabajo infantil en el mundo; y presta especial atención al impacto de las crisis humanitarias en la infancia, priorizando además la educación en emergencias e impulsando activamente la agenda internacional de escuelas seguras.
Las nuevas tecnologías deben ser una herramienta de aprendizaje y libertad, nunca de acoso, explotación o control. Es por ello que se ha aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley Orgánica de Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales, que pretende consagrar los entornos digitales como espacios seguros que permitan desarrollar su potencial formativo, mientras que se lucha contra fenómenos como el ciberacoso o el aprovechamiento económico de las personas menores de edad en su calidad de personas consumidoras vulnerables.
La desigualdad económica también condiciona vidas enteras desde la infancia. Por eso, desde el Ministerio de Juventud e Infancia se continúa impulsando políticas de lucha contra la pobreza infantil, ampliando apoyos a las familias, trabajando en el cumplimiento del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea y extendiendo el Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital, mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal. El abordaje de la pobreza infantil debe realizarse desde una perspectiva integral, reconociendo que se trata de un fenómeno multidimensional que va más allá de la falta de ingresos.
Además, es imprescindible la apuesta por el fortalecimiento los servicios públicos de salud, educación y cuidados, pues sólo se pueden conseguir marcos inclusivos desde el refuerzo de lo público. Ningún niño, niña o adolescente debe ver limitado su futuro por su situación económica o habitacional. Por todo ello, el Ministerio de Juventud e Infancia está impulsando un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil, un objetivo que tiene que unir al conjunto de fuerzas políticas y administraciones públicas, así como a la sociedad en su conjunto.
Es necesario seguir avanzando en garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción o discriminación, y tener para ello en cuenta a aquellos que viven con una mayor vulnerabilidad, como es el caso de la infancia tutelada, la infancia migrante no acompañada u otras infancias vulnerables.
Defender los derechos de niños, niñas y adolescentes no es sólo una obligación constitucional: es un proyecto de país. El proyecto de un país más libre y más justo en el que los derechos no vengan determinados por el código postal. España continúa avanzando, con firmeza, hacia una sociedad que cuide y acompañe todas las infancias.
