La Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (2023-2030) es, ante todo, un ejercicio de visión, de imaginar el futuro hacia el que avanzar con la infancia y la adolescencia en nuestro país a través de la acción pública en los próximos años hasta el 2030.
Nuestra visión. Es que todos los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos, disfrutar de bienestar y desarrollarse plenamente en igualdad de condiciones y sin discriminación, en entornos saludables, inclusivos y seguros, libres de violencia, donde se escuche y se tome en cuenta sus opiniones.
Nuestra misión. Desde la acción pública, junto con la participación real y efectiva de las niñas, niños y adolescentes; en coordinación con los gobiernos y administraciones del Estado; de la mano del conocimiento y experiencia del mundo del pensamiento y del sector social en infancia y adolescencia, nos comprometemos a garantizar y hacer reales y efectivos los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, especialmente de quienes están en situación más vulnerable, para contribuir a lograr su pleno desarrollo y bienestar en condiciones de justicia y equidad.
Las 8 áreas estratégicas del plan son:
- ciudadanía activa de la infancia en nuestra sociedad democrática;
- acabar con la pobreza infantil y la exclusión social;
- fortalecer su desarrollo integral y equitativo en un entorno saludable;
- reforzar su desarrollo en la educación y la cultura;
- el derecho a la familia, los cuidados alternativos y la desinstitucionalización;
- la protección integral de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia;
- la protección y la inclusión social de la infancia y adolescencia migrante;
- y garantizar los derechos de la infancia en el entorno digital.
Profundizar en la ciudadanía activa de la infancia como parte de una sociedad democrática
Las niñas, niños y adolescentes son titulares de sus propios derechos y deben ser escuchados en todas aquellas decisiones y cuestiones que les afecten como personas y como grupo.
Acabar con la pobreza y la exclusión social en la infancia y la adolescencia
La pobreza y la exclusión social limitan o impiden el acceso y disfrute en igualdad de condiciones a derechos, servicios esenciales y oportunidades para la infancia y la adolescencia.
Fortalecer el desarrollo integral y equitativo de los niños, niñas y adolescentes en un entorno saludable
Es necesario un enfoque de vida saludable y la intersección de varios derechos que, como recuerda el Comité de los Derechos del Niño, son interdependientes, para que toda niña, niño o adolescente en nuestro país alcance su máximo potencial.
Reforzar el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en los ámbitos de la educación y la cultura
La enseñanza básica en nuestro país es obligatoria y gratuita y se corresponde con la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y los ciclos formativos de grado básico. Comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años.
Erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia
La violencia contra la infancia y la adolescencia constituye uno de los delitos más execrables de nuestra sociedad. Entre otras consecuencias la violencia puede causar desde discapacidad a problemas de salud física, dificultades en el aprendizaje y la integración escolar, problemas de rendimiento educativo, trastornos afectivos y emocionales u otros trastornos de salud mental, y otros comportamientos perjudiciales para la salud como adicciones.
El derecho a vivir en familia, cuidados alternativos y desinstitucionalización
La familia es esencial en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, y no solo porque en ella se satisfacen las necesidades básicas, sino porque a su alrededor y alrededor de los vínculos que en ella se generan, pivota el desarrollo emocional, cognitivo y social de los seres humanos, sus valores e identidad.
No obstante, no siempre la familia es un entorno seguro para el desarrollo adecuado de cada niña o niño. Cuando, por diversas circunstancias, en el entorno familiar se violentan los derechos de la infancia, los poderes públicos están obligados a ofrecer protección.
Construir un marco común de protección para la infancia migrante
El fenómeno demográfico migratorio afecta a todos los ámbitos de la vida de las personas que lo experimentan, especialmente en el caso de las niñas, niños y adolescentes. Las necesidades particulares de la infancia y la adolescencia de origen extranjero en nuestro país deben contemplarse en esta Estrategia con medidas que garanticen su protección integral y el pleno ejercicio de los derechos que les corresponden.
Garantizar la efectividad de los derechos de la infancia y la adolescencia en relación con el entorno digital
Hoy el entorno digital es fundamental para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, y está aún más presente en nuestras vidas tras las exigencias impuestas por la pandemia COVID-19. Mediante sus tecnologías se puede avanzar o se pueden obstaculizar las posibilidades de educación y aprendizaje, de ocio, de relaciones sociales, de identidad o de bienestar de niños, niñas y adolescentes.
